CPI: "VÍCTIMAS PUEDEN ATESTIGUAR CONTRA MADURO"

Nicolás Maduro

► LA CPI Y LAS VÍCTIMAS VENEZOLANAS – El Nacional

►MADURO “TEJE UN ENREDO EN LA CPI”

► MADURO: «TODAVÍA CREEN QUE SOY BRUTO»

► MADURO RESULTÓ  MÁS ASTUTO DE LO QUE MUCHOS PENSABAN

PROVEA  - "Luego de más de 500 días de detención Javier Tarazona no ha tenido acceso a un médico de confianza. Ha pasado meses totalmente aislado, sin comunicación con su familia o el equipo de @FundaREDES_Sus abogados solo han podido visitarlo dos o tres veces" http://ow.ly/eWJg50LJ6vK

 

Roberto Weil

Víctimas podrán participar en el proceso abierto contra el régimen 

PRENSA 4 MIAMI - La Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) invitó este viernes a las víctimas de violaciones de derechos humanos a presentar sus observaciones sobre el proceso abierto por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La Sala de la Corte exhortó a las víctimas para que actúen directamente o a través de sus representaciones legales, para presentar sus opiniones o inquietudes, hasta el 21 de marzo de 2023.

Esta invitación surge semanas después de que la administración de Maduro solicitara que no participaran las víctimas ni sus representantes en esta fase y que los testimonios se dieran exclusivamente por medio de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas.

Kareem Khan y Nicolás Maduro con el documento del Memorándum de Entendimiento

 • Avance de la investigación depende de tres jueces: 

 Péter Kovács, quien preside la SCP, Reine Alapini-Gansou y Socorro Flores Liera.

• Maduro despachó a Delcy

Tal Cual   - La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se reunió en La Haya con el vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang. Durante su encuentro, conversaron sobre la necesidad de cooperación y diálogo para garantizar la justicia de conformidad con el Estatuto de Roma

Calixto Ávila: Maduro trata «de hacer aún más complejo» proceso en la CPI

Luisa Quintero – Tal Cual - El representante de Provea en Europa afirma que la nueva solicitud de la administración de Nicolás Maduro a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI es otra táctica para «ganar tiempo».

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya ha establecido dentro de su presupuesto 2023 una asignación para la Oficina de Asistencia Técnica en Caracas, que formaba parte de los acuerdos firmados en el memorando de entendimiento de noviembre de 2021

El 14 de noviembre el sistema de la Corte Penal Internacional (CPI) publicó una solicitud hecha por el régimen  de Nicolás Maduro a la Sala de Cuestiones Preliminares I, la asignada para conocer los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, al menos desde 2017.

Con fecha 10 de noviembre y firmada por el canciller Carlos Faría, la solicitud busca limitar la participación directa de las víctimas que remitieron el caso durante la etapa de inhibición planteada por el mismo Estado venezolano en abril, en base al artículo 18, parágrafo 2, del Estatuto de Roma, que rige las actuaciones de la CPI.

Para el abogado y representante de Provea en Europa, Calixto Ávila Rincón, «lo que pretende el Gobierno es dilatar estos procesos, para eso ha pedido que tenga mayores plazos para responder y además que se les permita responder a cualquier documento que introduzca una cualquier fuente durante el proceso, es decir, está tratando de ganar tiempo y hacer aún más complejo el proceso de decisión de los jueces».

La Sala de Cuestiones Preliminares I, que conoce del caso Venezuela, deberá realizar una especie de «minijuicio» y decidir sobre si las víctimas y sus representantes legales –todos de acuerdo en que continúe la investigación y se amplíe el tiempo y los delitos investigados– participen, al igual que los Estados parte que remitieron la demanda en 2018.

 

Ávila refiere que, aunque no hay lapsos procesales fijos dentro de la Corte Penal, existe un plazo razonable que podría tomar unos cuantos meses más. En todo caso, esperan que la Sala de Cuestiones Preliminares pueda resolver el asunto durante el primer trimestre de 2023.

El proceso de inhibición contra el fiscal de la CPI, Karim Khan, se introdujo el 15 de abril de este año. Se solicitaba que la Fiscalía se inhibiera de su competencia el favor del Estado venezolano, pues el Estado alegaba que ya investiga esos casos que ya están en conocimiento del fiscal Khan. Cinco días más tarde, el británico negó declinar sus competencias.

El 1 de noviembre, el fiscal formalizó su posición pidiendo a la Sala de Cuestiones Preliminares retomar su investigación. «El objetivo es evitar que las víctimas y sus representantes puedan intervenir directamente en esta etapa del proceso. El régimen dice que esta intervención debería pasar por la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI a partir de unos resúmenes. Vamos a ver qué dice la Sala de Cuestiones Preliminares sobre este punto», dice Ávila.

 

La Oficina de la CPI en Caracas

La relación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la administración Maduro no se limita a correspondencia sobre la investigación respecto a crímenes de lesa humanidad y un examen preliminar sobre el impacto lesivo de las sanciones sobre el pueblo venezolano, que el Gobierno venezolano califica como de lesa humanidad.

El 3 de noviembre de 2021, durante una visita del fiscal Khan a Venezuela, se firmó un memorando de entendimiento que, entre otras cosas, establecía la instalación de una Oficina de Asistencia Técnica de la CPI en Caracas. Un año después no se ha concretado.

Calixto Ávila señala que, en principio, el establecimiento de esta oficina no debería estar atada a la decisión de la Fiscalía sobre proseguir su investigación. Esta instancia «podría estar dirigida a poner el sistema judicial acorde al Estatuto de Roma y que haya posibilidad de justicia dentro del país», explica.

Pero ya el fiscal ha dicho, en su escrito del 1° de noviembre, que en Venezuela no se adelantan ni se han adelantado procedimientos relevantes para investigar y sancionar a presuntos responsables de crímenes que podrían calificarse como de lesa humanidad.

En todo caso, la misma Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya ha establecido dentro de su presupuesto 2023 una asignación para su ejercicio, comenta el investigador. El monto, que asciende a 1.550.800 euros, incluye gastos de personal asignado y operativos, viáticos y trabajo que estime el fiscal Karim Khan como recursos técnicos.

El presupuesto 2023 de la Fiscalía debe ser presentado la primera semana de diciembre en la Asamblea de Estados Parte de la CPI.

«Ya han previsto que esta oficina va a existir el año que viene, por tanto no se debería retrasar. Igual es una decisión que depende del fiscal de la CPI, pues depende directamente de ellos, y no de la propia Corte Penal como institución», afirma Ávila.

Provea alertó

#CPI hizo pública comunicación del Estado venezolano que busca impedir participación de las víctimas y de los 5 Estados que remitieron el caso a la CPI y dilatar al máximo procedimiento por crímenes contra la humanidad en la Situación Venezuela I 

Es la respuesta, fechada 10 Nov, del Gobierno de Maduro a la solicitud del Fiscal Karim Khan pidiendo autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI para retomar la investigación, dentro del procedimiento por Art. 18 (2) del Estatuto de Roma

El Estado se opone a la participación directa de las víctimas y sus representantes, pidiendo que se limite a resúmenes elaborados por la Oficina Pública de Defensa de las Victimas de la CPI y limitados solo a los casos presentados por la Fiscalía de la CPI.

Busca así impedir que las víctimas y sus representantes presenten directamente sus puntos de vista y sus peticiones, y que incorporen nuevas informaciones (evidencias) sobre otros casos que puedan ampliar el expediente.

También pide a los jueces de la CPI que no se permita la participación en este procedimiento de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, que son los Estados parte que remitieron la situación. Argentina se retiró de la remisión.

Por último, se opone a la solicitud del Fiscal para que los jueces adopten un procedimiento expedito para autorizar se retome la investigación. Pide mayores plazos para responder, y poder hacerlo ante cualquier documento introducido por cualquier fuente dentro de este.
Esta estrategia dilatoria busca mantener paralizadas las facultades investigativas del Fiscal de la CPI por el mayor tiempo posible. Corresponde a los Jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares decidir sobre esas peticiones.

Esta comunicación ratifica el desprecio de las autoridades venezolanas por las víctimas y sus reclamos de justicia, así como su escasa voluntad de cumplir genuinamente con el principio de complementariedad.  

La CPI y las víctimas venezolanas

El Nacional - La Sala de Jueces de Asuntos Preliminares respondió a la pretensión del régimen venezolano de limitar la participación de las víctimas en el proceso de investigación que se está llevando a cabo en dicha Corte, con un contundente comunicado fechado el 10 de noviembre, en el que invita a cualquier víctima o su representante legal a enviar sus preocupaciones u opiniones sobre la solicitud que le hizo el fiscal Karim Khan a la Sala de Jueces, para que lo autorizara a continuar con la investigación que lleva adelante en contra del Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad.

El régimen pretendía limitar dicha participación de las víctimas, pidiendo que fuera la VPRS la que presentara resúmenes sobre sus opiniones y preocupaciones, de aquellas víctimas “plenamente identificadas”, limitándolo solo a los casos que ya habían sido presentados por el fiscal, lo que excluiría que pudieran participar otras víctimas que no han denunciado y recaudar sus opiniones, sobre la solicitud del fiscal de continuar con la investigación.

El régimen ha utilizado todas las artimañas posibles, a pesar de que la Fiscalía ha ido desmembrando uno a uno los argumentos utilizados por el Estado para buscar la inhibición del fiscal y el aplazamiento de la investigación, con el único propósito de ganar tiempo y legitimidad internacional a través del llamado a elecciones, lo que lo ayudaría a buscar la desesperada impunidad inmediata de los altos responsables señalados por crímenes de lesa humanidad.

Un régimen “reelegido con un baño de democracia”, aunque todos sepamos que no hay democracia, que la dictadura organiza las elecciones bajo los mismos parámetros por los cuales la anterior se consideró ilegítima, y que no serán libres, justas y creíbles, no puede ser tan malo ni tan criminal, dirán distintos actores internacionales convenientemente, porque si no, ¿por qué lo reelegirían los venezolanos? Para esto, el régimen cuenta con sus amigos regionales que lo reconocen y lo abrazan políticamente, impulsándolo para liderar organismos muertos como la Unasur e invitándolo a las reuniones de la Celac.

El blanqueo de la dictadura venezolana es de tal magnitud que presidentes y expresidentes, así como personalidades e intelectuales reconocidos, prefieren ignorar los informes técnicos de organismos regionales y universales como la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, el Grupo de Expertos Independientes para la Determinación de Hechos nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Relatorías de Naciones Unidas, el Informe de Expertos Independientes de la Organización de Estados Americanos, los informes de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, e insólitamente, la propia investigación que lleva a cabo la Corte Penal Internacional y las declaraciones contundentes del fiscal.

Por todo esto es tan importante la movilización de la sociedad civil venezolana con el fin de aportar todo lo que sea necesario para demostrar que los crímenes por los cuales se acusa al régimen de Nicolas Maduro ante la CPI continúan sucediendo, que no existen investigaciones independientes y creíbles porque no hay Estado de Derecho en Venezuela, y que no existe absolutamente ninguna investigación en contra de los altos responsables señalados ante la Fiscalía. Que hablen las víctimas por sí solas o a través de sus representantes.