“3 EN 1" , LUBRICANTE CON ¿FUTURO ?

EL COLAPSO DEL INTERINATO Y EL FUTURO DE LA OPOSICIÓN - Manuel Malaver CHAVISMO APRUEBA PROYECTO DE LEY QUE CRIMINALIZA A LAS ONG ORTEGA, SOCIO DE MADURO YA  DISOLVIÓ MÁS DE 3.000 ONG EN NICARAGUA   - DW Manuel Malaver – Especial para EdC - Si no fuera por las multitudes de docentes que desde el lunes 9 de enero pasado tomaron las calles de Venezuela para protestar contra el salario de bambre que la dictadura de Maduro les ha fijado en 30 dólares mensuales, podría establecerse que la entronización del sistema socialista en el país sigue sin mayores perturbaciones y que dentro de poco seremos una segunda Cuba aunque con v´´iaas de escape que incluyen la frontera terrestre y los vuelos aéreos. Pero hay también focos de enfrentamientos y revueltas en la llamada “Zona de Hierro,” que tienen como centro a la ciudad de Puerto Ordaz o Ciudad Guayana, donde los obreros de las otroras prósperas empresas del hierro, el aluminio y la bauxita han tomado sus lugares de trabajo como punto...

PUTIN & MADURO: SÓLO FALTA LA SENTENCIA

SANCIONES A CAMBIO DE  ELECCIONES LIBRES, JUSTAS Y SUPERVISADAS - TRINO MARQUEZ

LA ONU: HAY "EVIDENCIAS CRECIENTES" DE CRÍMENES DE GUERRA EN UCRANIA

 

No los salva nadie

El Nacional - La Fiscalía del régimen  de Nicolás Maduro, dirigida por Tarek William Saab, pensó que con el solo hecho de “mostrar” buenas intenciones se iban a salvar del proceso que se adelanta en la Corte Penal Internacional. Pues resulta que Karim Khan se encargó de bajarlos de la nube, pues su despacho no está dispuesto a creer en promesas.

“La evaluación de la complementariedad de la Fiscalía no puede ser prospectiva y especulativa, sobre la base de hechos que pueden ocurrir en el futuro”, enfatizó el fiscal de la CPI al comentar la decisión de no aceptarle la petición de prórroga al gobierno chavista para el proceso.

¿Qué significan las palabras de Khan? Que no se trata de evaluar el trabajo que están dispuestos a hacer en la oficina de Saab de ahora en adelante, ni de las conversaciones que de manera cortés mantienen con los representantes del fiscal o del permiso para abrir una oficina en Caracas, sino de lo que han hecho en casos específicos para poder procesar, juzgar y sentenciar a los culpables de violaciones de derechos humanos.

El principio de “complementariedad” se basa precisamente en que la Fiscalía de la CPI asume la investigación y el procesamiento de causas que no han sido llevadas a término por el gobierno del país por variadas razones.

Eso es lo que Saab debió demostrar, pero en vez de hacerlo, insisten en introducir los papeles de los mismos nueve casos que han manejado hasta ahora.

¿Han hecho algo más? De acuerdo con esta acción, no. Y de paso, la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad introdujo 36 nuevos expedientes.

Con estos últimos casos, sustentados en declaraciones de víctimas que fueron entrevistadas en varias partes del mundo por los especialistas de la red, se elevan a 50 las denuncias que maneja ahora la Fiscalía de la CPI. ¡Y el despacho de Saab solo ha actuado en 9! Es evidente que si se les deja solos, no se conseguirá impartir justicia y los culpables de los delitos seguirán libres, sobre todo los últimos eslabones de la cadena, los autores intelectuales.

Ahora los denunciantes tienen oportunidad de remitir sus observaciones para que todo siga su curso. No habrá dilaciones ni pausas, como lo pidió el gobierno de Maduro. Se desdicen ellos mismos, pues ni siquiera disimulan para hacer creer que están dispuestos a profundizar en las denuncias e imputar a los culpables de los tantos otros casos que ni siquiera parecen haber revisado.

La Red de Documentación asegura que muchas de las víctimas han tenido que huir del país y que los casos han pasado completamente inadvertidos para el sistema de justicia chavista. Lo que no se debe olvidar es que los delitos de lesa humanidad no prescriben y todavía queda la esperanza de que la CPI haga justicia. Esta vez les negaron la prórroga, más temprano que tarde serán juzgados.

Blanca Rosa Mármol: Sabia decisión la del fiscal de la CPI al negar aplazar investigación

El Impulso: Blanca Rosa Mármol de León, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, calificó como “sabia y justa” la decisión del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de negarse a aplazar la investigación sobre presuntos delitos de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Manifestó que ese modo de actuar le parece “maravilloso, estupendo”, porque hay suficientes evidencias para continuar el proceso investigativo.

Seguidamente, dijo tener conocimiento que diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan por los Derechos Humanos, recientemente, presentaron expedientes ante la CPI de casos para ser investigados.

De manera que negarse a aplazar las investigaciones por parte del Fiscal de la Corte es una sabia decisión y, además, justa.

En vista de que la CPI había dado plazo hasta el 16 de este mes para que Venezuela presentará el informe acerca de las investigaciones en presuntos casos de crímenes de lesa humanidad y hasta ahora no lo ha hecho, la doctora Mármol de León manifestó que ese plazo fue considerado por el régimen como una oportunidad para presentar otra imagen del Poder Judicial y hacer ver que aquí hay la capacidad de hacer justicia en esos casos, los cuales serían juzgados por la Corte.

Lo que se les ocurrió fue liberar algunas personas y finalmente el planteamiento de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que no pudieron llevar a cabo por las discusiones internas de partido.

Se hizo todo lo contrario a la que la justicia debe hacer y no me extraña que por eso no se haya cumplido con la presentación del informe, porque no pueden hacerlo.

No se le puede pedir que lo presente porque en Venezuela no hay independencia en la administración de justicia, sentenció. Aquí no hay independencia, ni jueces autónomos. Eso salta a la vista, lo vemos todos los días y, por tanto, bienvenida sea la decisión del Fiscal Karim Khan.

Maduro,... tratando de remendar lo que no tiene arreglo

Sanciones a la carta

Trino Márquez  - Un grupo de “líderes cívicos, académicos y económicos de Venezuela, defensores de la democracia”, se dirigió al presidente Joe Biden y a otras autoridades del gobierno estadounidense, para –en el marco de un brevísimo diagnóstico de la situación nacional- hacerles un llamado “a seguir impulsando negociaciones sustantivas y productivas para resolver la crisis venezolana”.

En esas líneas instan “al gobierno de Venezuela, a los partidos políticos de oposición y a la Plataforma de Oposición Unitaria, a retomar sin demoras los procesos de negociación”.

Una de las claves de la comunicación se encuentra en la evaluación que los firmantes realizan de las sanciones aplicadas por el gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro:

“Las sanciones económicas y la política de máxima presión no lograron sus objetivos”, dice el documento. Aunque se admite que “las sanciones económicas no son la raíz de la emergencia humanitaria en Venezuela, han exacerbado gravemente las condiciones para el venezolano promedio. La gran mayoría del pueblo vive en la pobreza, con inseguridad alimentaria y expuesta a severas deficiencias de salud. La electricidad, el saneamiento y la calidad del agua presentan un estado de profundo deterioro”.

Este cuadro crítico, además de los acuerdos políticos e institucionales, tiene que convertirse en uno de los temas cruciales de las conversaciones, cuando estas se retomen: “Las negociaciones deben colocar los temas humanitarios al centro y avanzar en su solución con la urgencia que ameritan”. El grupo sugiere “que las negociaciones político-institucionales y económicas se basen en éxitos incrementales, creando confianza y buena voluntad para nuevos acuerdos. Estas deben seguir la ruta de lo posible, sin plantear posiciones extremas que otras partes encuentren imposibles de aceptar”.

En resumen, el documento propone que se levanten las sanciones cuanto antes, porque están «exacerbando» la pobreza, y se retome el diálogo entre el gobierno y la oposición, con el apoyo o acompañamiento de Estados Unidos y otros factores internacionales. Al mandatario venezolano se le ha pedido “que acepte reformas políticas y electorales significativas y que continúe con la liberación de presos políticos”. En tanto que a la oposición se la ha insistido en la “necesidad de unificarse en torno a principios básicos y realistas que sustenten posibles acuerdos”; también, se le ha “instado a no ser rehén de las voces extremistas que sólo perpetúan el doloroso statu quo (actual)”.

Hasta aquí resumo el documento firmado por ese grupo de venezolanos, con algunos de los cuales tengo muy buenas relaciones personales y por quienes siento un enorme respeto intelectual.  

La comunicación ha sido condenada y descalificada por muchos sectores, en algunos casos sin que se conozca su contenido, lo cual ha impedido dialogar en torno a los temas planteados de  forma racional.

Aunque comparto el tono conciliador del documento, mis diferencias básicas con ese planteamiento son las siguientes.

El peso de las sanciones en el agravamiento de la situación nacional y personal de los venezolanos es mínimo. Esa es la verdad y de ese modo lo percibe la gente en las encuestas que conozco. La responsabilidad central de la crisis venezolana la gente la ubica en Nicolás Maduro y su gobierno: más de 60% considera que esa camarilla es la gran responsable de la tragedia que padecen los venezolanos desde hace años. Estamos en presencia de las consecuencias de las expropiaciones, del derroche de los recursos petroleros, del absurdo financiamiento a Cuba, de la corrupción y del proyecto de exportación del socialismo del siglo XXI. El gobierno, a pesar de la hegemonía comunicacional que ejerce en todo el país, no ha podido consolidar la matriz de opinión de acuerdo con la cual las sanciones estadounidenses, la «guerra» o el «saboteo» económico son las causas del descalabro. Cuando a la gente se le pregunta por qué hay alta inflación, o por qué no hay empleo, electricidad, agua potable, conexión a Internet o un buen sistema de transporte público y de salud, no se refiere a las sanciones, sino al pésimo gobierno actual.

Es cierto que las sanciones han perdido el apoyo popular que lograron hace algunos años. Sin embargo, también según las investigaciones que conozco, el respaldo anda por 40%, muy por encima del precario 10% mencionado en la comunicación.

No es verdad que las sanciones no hayan cumplido los objetivos propuestos. Su severidad obligó a un gobierno tan autoritario y sordo como el de Maduro a sentarse a dialogar con una oposición a la cual despreciaba, en Oslo, República Dominicana, Barbados y México. De no haber sido por la presión que esas sanciones creaban, el régimen habría apelado al expediente del gobierno de los Castro en Cuba, o de la dupla Ortega-Murillo en Nicaragua. Las sanciones han servido de advertencia para indicarles a Maduro y su gente lo que les esperaba si continuaban violando los derechos humanos como estaban haciéndolo (y continúan). Hay que imaginar la cárcel en la que se habría convertido Venezuela si el régimen no hubiese sido sancionado.

En la actualidad, las sanciones son una carta de negociación para la comunidad internacional y la oposición para obtener elecciones libres, transparentes y supervisadas.

Ese castigo se levantará cuando Maduro se comprometa ante la comunidad internacional a restituir el Estado de derecho, el Estado constitucional, no antes. No veo otra opción. 

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