PUTIN & MADURO: SÓLO FALTA LA SENTENCIA
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► SANCIONES A CAMBIO DE ELECCIONES LIBRES, JUSTAS Y SUPERVISADAS - TRINO MARQUEZ
►LA ONU: HAY "EVIDENCIAS CRECIENTES" DE CRÍMENES DE GUERRA EN UCRANIA
No los salva nadie
El
Nacional - La Fiscalía del régimen de
Nicolás Maduro, dirigida por Tarek William Saab, pensó que con el solo hecho de
“mostrar” buenas intenciones se iban a salvar del proceso que se adelanta en la
Corte Penal Internacional. Pues resulta que Karim Khan se encargó de bajarlos
de la nube, pues su despacho no está dispuesto a creer en promesas.
“La evaluación de la complementariedad de la Fiscalía no puede ser
prospectiva y especulativa, sobre la base de hechos que pueden ocurrir en el
futuro”, enfatizó el fiscal de la CPI al comentar la decisión de no aceptarle
la petición de prórroga al gobierno chavista para el proceso.
¿Qué significan las palabras de Khan? Que no se trata de evaluar
el trabajo que están dispuestos a hacer en la oficina de Saab de ahora en
adelante, ni de las conversaciones que de manera cortés mantienen con los
representantes del fiscal o del permiso para abrir una oficina en Caracas, sino
de lo que han hecho en casos específicos para poder procesar, juzgar y
sentenciar a los culpables de violaciones de derechos humanos.
El principio de “complementariedad” se basa precisamente en que la
Fiscalía de la CPI asume la investigación y el procesamiento de causas que no
han sido llevadas a término por el gobierno del país por variadas razones.
Eso es lo
que Saab debió demostrar, pero en vez de hacerlo, insisten en introducir los
papeles de los mismos nueve casos que han manejado hasta ahora.
¿Han
hecho algo más? De acuerdo con esta acción, no. Y de paso, la Red de
Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad introdujo 36 nuevos expedientes.
Con estos últimos casos, sustentados en declaraciones de víctimas
que fueron entrevistadas en varias partes del mundo por los especialistas de la
red, se elevan a 50 las denuncias que maneja ahora la Fiscalía de la CPI. ¡Y el
despacho de Saab solo ha actuado en 9! Es evidente que si se les deja solos, no
se conseguirá impartir justicia y los culpables de los delitos seguirán libres,
sobre todo los últimos eslabones de la cadena, los autores intelectuales.
Ahora los denunciantes tienen oportunidad de remitir sus
observaciones para que todo siga su curso. No habrá dilaciones ni pausas, como
lo pidió el gobierno de Maduro. Se desdicen ellos mismos, pues ni siquiera
disimulan para hacer creer que están dispuestos a profundizar en las denuncias
e imputar a los culpables de los tantos otros casos que ni siquiera parecen
haber revisado.
La Red de Documentación asegura que muchas de las víctimas han
tenido que huir del país y que los casos han pasado completamente inadvertidos
para el sistema de justicia chavista. Lo que no se debe olvidar es que los
delitos de lesa humanidad no prescriben y todavía queda la esperanza de que la
CPI haga justicia. Esta vez les negaron la prórroga, más temprano que tarde
serán juzgados.
Blanca Rosa Mármol: Sabia decisión la del fiscal de la CPI al negar aplazar investigación
El Impulso: Blanca Rosa Mármol de León, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, calificó como “sabia y justa” la decisión del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de negarse a aplazar la investigación sobre presuntos delitos de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Manifestó que ese modo de actuar le parece “maravilloso, estupendo”, porque hay suficientes evidencias para continuar el proceso investigativo.
Seguidamente, dijo tener conocimiento que diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan por los Derechos Humanos, recientemente, presentaron expedientes ante la CPI de casos para ser investigados.
De manera que negarse a aplazar las investigaciones por parte del Fiscal de la Corte es una sabia decisión y, además, justa.
En vista de que la CPI había dado plazo hasta el 16 de este mes para que Venezuela presentará el informe acerca de las investigaciones en presuntos casos de crímenes de lesa humanidad y hasta ahora no lo ha hecho, la doctora Mármol de León manifestó que ese plazo fue considerado por el régimen como una oportunidad para presentar otra imagen del Poder Judicial y hacer ver que aquí hay la capacidad de hacer justicia en esos casos, los cuales serían juzgados por la Corte.
Lo que se les ocurrió fue liberar algunas personas y finalmente el planteamiento de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que no pudieron llevar a cabo por las discusiones internas de partido.
Se hizo todo lo contrario a la que la justicia debe hacer y no me extraña que por eso no se haya cumplido con la presentación del informe, porque no pueden hacerlo.
No se le puede pedir que lo presente porque en Venezuela no hay independencia en la administración de justicia, sentenció. Aquí no hay independencia, ni jueces autónomos. Eso salta a la vista, lo vemos todos los días y, por tanto, bienvenida sea la decisión del Fiscal Karim Khan.
Maduro,... tratando de remendar lo que no tiene arreglo
Sanciones a la carta
Trino Márquez - Un grupo de
“líderes cívicos, académicos y económicos de Venezuela, defensores de la
democracia”, se dirigió al presidente Joe Biden y a otras autoridades del
gobierno estadounidense, para –en el marco de un brevísimo diagnóstico de la
situación nacional- hacerles un llamado “a seguir impulsando negociaciones
sustantivas y productivas para resolver la crisis venezolana”.
En esas líneas instan “al gobierno de Venezuela, a los partidos políticos de oposición y a la Plataforma de Oposición Unitaria, a retomar sin demoras los procesos de negociación”.
Una de las claves de la comunicación se encuentra en la evaluación
que los firmantes realizan de las sanciones aplicadas por el gobierno de
Estados Unidos contra Nicolás Maduro:
“Las sanciones económicas y la política de máxima presión no
lograron sus objetivos”, dice el documento. Aunque se admite que “las sanciones
económicas no son la raíz de la emergencia humanitaria en Venezuela, han
exacerbado gravemente las condiciones para el venezolano promedio. La gran mayoría
del pueblo vive en la pobreza, con inseguridad alimentaria y expuesta a severas
deficiencias de salud. La electricidad, el saneamiento y la calidad del agua
presentan un estado de profundo deterioro”.
Este cuadro crítico, además de los acuerdos políticos e
institucionales, tiene que convertirse en uno de los temas cruciales de las
conversaciones, cuando estas se retomen: “Las negociaciones deben colocar los
temas humanitarios al centro y avanzar en su solución con la urgencia que
ameritan”. El grupo sugiere “que las negociaciones político-institucionales y
económicas se basen en éxitos incrementales, creando confianza y buena voluntad
para nuevos acuerdos. Estas deben seguir la ruta de lo posible, sin plantear
posiciones extremas que otras partes encuentren imposibles de aceptar”.
En resumen, el documento propone que se levanten las sanciones
cuanto antes, porque están «exacerbando» la pobreza, y se retome el diálogo
entre el gobierno y la oposición, con el apoyo o acompañamiento de Estados
Unidos y otros factores internacionales. Al mandatario venezolano se le ha
pedido “que acepte reformas políticas y electorales significativas y que
continúe con la liberación de presos políticos”. En tanto que a la oposición se
la ha insistido en la “necesidad de unificarse en torno a principios básicos y
realistas que sustenten posibles acuerdos”; también, se le ha “instado a no ser
rehén de las voces extremistas que sólo perpetúan el doloroso statu quo
(actual)”.
Hasta aquí resumo el documento firmado por ese grupo de
venezolanos, con algunos de los cuales tengo muy buenas relaciones personales y
por quienes siento un enorme respeto intelectual.
La comunicación ha sido condenada y descalificada por muchos
sectores, en algunos casos sin que se conozca su contenido, lo cual ha impedido
dialogar en torno a los temas planteados de forma racional.
Aunque comparto el tono conciliador del documento, mis diferencias
básicas con ese planteamiento son las siguientes.
El peso de las sanciones en el agravamiento de la situación
nacional y personal de los venezolanos es mínimo. Esa es la verdad y de ese
modo lo percibe la gente en las encuestas que conozco. La responsabilidad
central de la crisis venezolana la gente la ubica en Nicolás Maduro y su
gobierno: más de 60% considera que esa camarilla es la gran responsable de la
tragedia que padecen los venezolanos desde hace años. Estamos en presencia de
las consecuencias de las expropiaciones, del derroche de los recursos
petroleros, del absurdo financiamiento a Cuba, de la corrupción y del proyecto
de exportación del socialismo del siglo XXI. El gobierno, a pesar de la
hegemonía comunicacional que ejerce en todo el país, no ha podido consolidar la
matriz de opinión de acuerdo con la cual las sanciones estadounidenses, la
«guerra» o el «saboteo» económico son las causas del descalabro. Cuando a la
gente se le pregunta por qué hay alta inflación, o por qué no hay empleo,
electricidad, agua potable, conexión a Internet o un buen sistema de transporte
público y de salud, no se refiere a las sanciones, sino al pésimo gobierno
actual.
Es cierto que las sanciones han perdido el apoyo popular que
lograron hace algunos años. Sin embargo, también según las investigaciones que
conozco, el respaldo anda por 40%, muy por encima del precario 10% mencionado
en la comunicación.
No es verdad que las sanciones no hayan cumplido los objetivos
propuestos. Su severidad obligó a un gobierno tan autoritario y sordo como el
de Maduro a sentarse a dialogar con una oposición a la cual despreciaba, en
Oslo, República Dominicana, Barbados y México. De no haber sido por la presión
que esas sanciones creaban, el régimen habría apelado al expediente del
gobierno de los Castro en Cuba, o de la dupla Ortega-Murillo en Nicaragua. Las
sanciones han servido de advertencia para indicarles a Maduro y su gente lo que
les esperaba si continuaban violando los derechos humanos como estaban
haciéndolo (y continúan). Hay que imaginar la cárcel en la que se habría
convertido Venezuela si el régimen no hubiese sido sancionado.
En la actualidad, las sanciones son una carta de negociación para
la comunidad internacional y la oposición para obtener elecciones libres,
transparentes y supervisadas.
Ese castigo se levantará cuando Maduro se comprometa ante la comunidad internacional a restituir el Estado de derecho, el Estado constitucional, no antes. No veo otra opción.
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