KHAN “LLEGÓ, VIÓ Y….”, PROMETIÓ

La Lista  de los venezolanos que fueron a recibir al Fiscal -CPI Kareem Khan

‣ FISCAL-CPI K. KHAN  PROMETE «ESCUCHAR Y ENTABLAR relaciones»

‣ VPI-TV FISCAL DE LA CPI : “NOS ASEGURAREMOS DE HACER JUSTICIA”

‣ ENCERRONA: “VENTE VENEZUELA” DENUNCIA UNA “ARREGLADA
EXHIBICIÓN” a la que será expuesto Kareem Khan

El Tiempo En Vivo: ¿Qué esperar de la visita de la CPI en Venezuela? - GPS Mundial

PROVEA:  “Al señor Khan le advirtieron que no se reuniera con organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. Nosotros le pedimos que lo hiciera, una reunión que es parte de un procedimiento” Rafael Uzcátegui, Coordinador de Provea

ANTONIO LEDEZMA ¿Cómo le explicarán al Fiscal de la CPI, Karim Khan, que en Venezuela impera una feroz narcotirania controlada por criminales de lesa humanidad, pero a la vez se pueden realizar "elecciones libres"?. Complicada esa incoherencia, ¿Verdad?

Karim Khan llega a Venezuela

El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, llegó a Venezuela. Organizaciones le piden que se entreviste con familiares de las víctimas de Maduro.

K. Khan: Cumpliremos con la Justicia 

El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, habló en entrevista para el diario El País, de España, sobre la investigación preliminar que enfrenta Venezuela por acometer supuestamente crímenes de lesa humanidad contra manifestantes.

Khan indicó que “no hay ningún caso sencillo porque trabajamos con genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o crímenes de agresión, pero tenemos gente maravillosa con mucha experiencia, y juntos nos aseguraremos, si Dios quiere, de cumplir con nuestras responsabilidades con la justicia”.

El fiscal hizo referencia a su  visita al país caribeño y recalcó que asistirá para “escuchar y a entablar relaciones”.

Al ser consultado sobre qué debería hacer la administración de Nicolás Maduro para evitar la apertura de una investigación formal, Khan evitó responder, destacando que “el Estatuto de Roma es claro en cuanto a lo que se necesita. Si un país da un paso al frente, yo me haré a un lado”.

Finalmente, el abogado de origen británico consideró “maravilloso” haber sido invitado a Venezuela, aclarando que su visita no es “como un agente clandestino”.

Maduro maniobra para evitar la investigación en la CPI

FLORANTONIA SINGER  - EL Pais:- El Gobierno de Nicolás Maduro hace maniobras para dilatar el proceso que se sigue contra el Estado venezolano en la Corte Penal Internacional (CPI). Con reformas judiciales y un goteo de excarcelaciones, el chavismo intenta lavar la cara de un expediente que suma más de 250 presos políticos e incluye severos señalamientos sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Este martes ha ocurrido la muestra más reciente. Dos de los tres activistas de Fundaredes detenidos en julio, Omar de Dios García y Rafael Tarazona, fueron liberados. Su director Javier Tarazona, sin embargo, sigue detenido. Desde hace varios años, la ONG ha venido denunciado enérgicamente la presencia de grupos guerrilleros colombianos en Venezuela en connivencia con el chavismo. Fueron acusados de “terrorismo y traición a la patria”.

Estos movimientos ocurren en la víspera de la visita del fiscal de la CPI, Karin Khan, que en su gira por Latinoamérica pasará por Venezuela a finales de esta semana. Es una visita que ha estado promoviendo el Gobierno con la intención de dar señales de apertura y de cambios en el sistema de justicia, considerado un brazo represor del Gobierno en el último informe de la Misión Independiente de las Naciones Unidas.

El proceso de Venezuela en La Haya lo iniciaron en 2018 los mandatarios de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.

En una solicitud sin precedentes en la corta vida del organismo, los países entonces integrados en el Grupo de Lima hicieron una solicitud formal de apertura de una investigación, de la que luego Argentina se apartó con el regreso del kirchnerismo al poder. A este expediente se han sumado las denuncias de la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, que ha pedido asilo político en España, y de las organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas.

La anterior fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, consideró que había evidencias razonables para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. 

El dictamen lo dio luego de una visita del fiscal venezolano Tarek William Saab en la que el chavismo intentó mostrar esfuerzos por mejorar el sistema de justicia en el país. La decisión de la apertura de la investigación se espera desde julio, cuando asumió el nuevo fiscal de la Corte, que ahora ha decidido hacer una visita al país para tomar la decisión no sin dar un último voto de confianza. “Estoy convencido de que el estrechamiento de las relaciones y la cooperación con los Estados parte mejorará el funcionamiento del régimen del Estatuto de Roma en consonancia con el principio de complementariedad. La comunicación es esencial para explicar el mandato de la Fiscalía y de la CPI y fomentar la confianza de las partes interesadas. Aguardo con interés la oportunidad de escuchar y de aprender de este mi primer viaje a la región como Fiscal de la CPI”, dijo Khan en un comunicado. El Gobierno de Maduro intentará convencerlo de que no hay motivos para abrir una investigación. Las ONG y víctimas abogarán porque se den pasos para sancionar al Ejecutivo.

A las puertas de unas elecciones locales, en la que después de siete años de abstención participarán los partidos de la oposición, el chavismo, acorralado en su cerco diplomático, ha tenido que ceder en varios aspectos. Se sentó en las negociaciones de México con la oposición, aunque las ha congelado tras la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, el operador comercial del Gobierno para evadir las sanciones, también señalado como testaferro de Maduro. De hecho, las reformas en el sistema de justicia nacional formaban parte de la agenda en México. Ahora, el Gobierno se ha anticipado a hacerlas sin conciliar con la oposición para atenuar los señalamientos de la CPI.

El Ejecutivo de Maduro se aferra a algunos hitos que atestiguan el viraje. En 2018, cuando el concejal opositor Fernando Albán murió al caer de un piso 10 de la sede del servicio de inteligencia, el fiscal Saab anticipó la tesis del suicidio. Hace cinco meses el funcionario se retractó, reconoció que se había tratado de un asesinato y tres años después ordenó la captura de los agentes que lo custodiaban. En esa misma declaración, reconoció como asesinatos los casos del capitán Rafael Acosta Arévalo, muerto producto de torturas, y de Juan Pablo Pernalete, impactado por el disparo de una lacrimógena en las protestas de 2017.

Cambio de mando no exculpa a los superiores de la FAN

Sofía Nederr| Los cambios de mando no eximen la responsabilidad de superiores de la Fuerza Armada Nacional (FAN) por crímenes que podría investigar la Corte Penal Internacional (CPI). De estos hay antecedentes, destaca la ONG Control Ciudadano.

La organización puntualizó que lo anterior se refiere a los casos en los que un superior, al asumir el mando, tiene conocimiento de que se han perpetrado crímenes —previamente a su nombramiento— por su grupo de subalternos o por el superior anterior, y opta por no hacer nada.

«Así fue establecido en los casos de Hadzihasanovic, Alagic y Kubura bajo la figura de unión a empresa criminal. En este entendido, el Tribunal para la ex-Yugoslavia señaló que un comandante puede ser responsable bajo la doctrina de responsabilidad superior por crímenes cometidos antes del momento en que el comandante asumió el mando», refirió Control Ciudadano.

La organización presentó el informe Venezuela ante la Corte Penal internacional. Implicaciones para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el documento se enfatiza la necesidad de que, ante los crímenes previstos por el Estatuto de Roma, se establezca la responsabilidad de los superiores (civiles y militares) y sean garantizados los principios de justicia, verdad y reparación.

Para Rocío San Miguel, dentro de la FAN debe saberse que los superiores «no podrán zafarse de observación de la Corte Penal Internacional».

Además, la abogada llamó la atención sobre el hecho de que los mandos militares del país «parecen no pasearse por el alcance y repercusiones de sus obligaciones de acuerdo al Estatuto de Roma«.

La Fuerza Armada ante la CPI

En el informe se destacan otros criterios que privarían para determinar la responsabilidad de los superiores. Dentro de estos, figuran el caso del conocimiento real, cuando el superior sabe que sus subordinados están a punto de cometer o han cometido delitos.

También se señala cuando el superior posee información que lo pondría en conocimiento del riesgo de tales delitos, «al indicar la necesidad de una investigación adicional para determinar si los delitos estaban a punto de cometerse o se habían cometido».

Además, pueden investigarse ante la CPI aquellos casos en los que el superior no previno o no sancionó los delitos.

De acuerdo con Control Ciudadano, para la FAN, el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía de la CPI significaría el comienzo de una nueva etapa.  La organización destaca que la Corte Penal dirigiría sus investigaciones a toda la cadena de mando, en especial, de aquellos efectivos militares que pudiesen estar involucrados en la comisión de crímenes internacionales.

El 23 de octubre, Rocío San Miguel expresó, a través de su cuenta en Twitter, que la condena del sargento Arli Mendez Terán, a 23 años de prisión por el asesinato del joven enfermero  David Valenilla, en junio de 2017, representa un paso importante en términos de justicia.

Pero, subrayó, que «no habrá justicia plena, hasta que se determine la responsabilidad de los superiores en este caso, quienes han sido protegidos».

El jueves 28 de octubre, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó del reinicio del juicio por la muerte del capitán retirado Rafael Acosta Arévalo, cuando estaba en poder del Estado, en junio de 2019.

«El forense hizo una descripción exhaustiva en sala sobre las 38 lesiones que presentó el cadáver del militar, torturado hasta morir. Detalló cada una de las lesiones y sus consecuencias. Explicó cómo fueron causadas las lesiones y con que objetos fueron causadas», dijo la ONG.

Por este caso hay dos militares en juicio, Ascanio Antonio Tarascio y Estiben Zarate Soto, adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). «¿Y la cadena de mando, será juzgada?», preguntó la Coalición.

Para Control Ciudadano, no es suficiente la aprobación que hizo la Asamblea Nacional (AN) afecta a Nicolás Maduro, en septiembre de 2021, de la reforma del Código Orgánico de Justicia Militar (COJM), según la cual ningún civil podrá ser juzgado por un tribunal militar.

«Se ha detectado que la figura de la responsabilidad del superior no está debidamente tipificada con los elementos necesarios en la normativa militar venezolana», resaltó la ONG en el informe.

En ese sentido, la organización argumentó que el artículo 394 del COJM no prevé la responsabilidad por omisión del superior. Por el contrario, «regula una acción criminal activa, lo que pondría al superior como un autor o participante en la comisión directa de un crimen». En septiembre de este año, Control Ciudadano resaltó que la reforma busca lavarle la cara al Estaado.

Otro aspecto neurálgico es que, en el Código Orgánico de Justicia Militar, no se establecen los crímenes de guerra como se encuentran en los Convenios de Ginebra, de 1949, en los Protocolos adicionales de 1977 sobre la protección de las víctimas de los conflictos armados o en el Estatuto de Roma.

«Aunque se podría alegar que los Convenios de Ginebra son normas consuetudinarias de cumplimiento obligatorio para las Fuerzas Armadas de cualquier país, la realidad es que, ante procesos penales en Venezuela, el juez no contaría con normas claras que permitan establecer sanciones pertinentes de acuerdo al ‘supuesto’ criminal cometido establecido en esos convenios

 internacionales», subrayó Control Ciudadano.