REVOCATORIO: ¿CUÁNTO HAY PÁ ESO?

 

► CABELLO DICE QUE  PEDIRÁN AL CNE LOS NOMBRES DE QUIENES FIRMEN PARA EL REVOCATORIO

► DE TRAMPA EN TRAMPA, MOMO CON SU HAMPA 

► ‘MOVER’ RETÓ A MADURO A MEDIRSE EN LAS URNAS

► CNE: ¡12 HORAS! PARA FIRMAR EL REVOCATORIO CONTRA MADURO

 

ABSTENCIÓN O REVOCATORIO

Manuel Malaver  - DdC;- Todo me induce a predecir que con relación a la decisión de participar o abstenerse en el revocatorio, el “G-4” optará por una política igual o parecida a la adoptada en las elecciones regionales del 21 de noviembre pasado, donde la línea del sector opositor fue la “abstención” pero sin oponerse a que otros partidos y aun dirigentes de sus organizaciones lo hiciesen.

La causa de tan inusual paradoja en una época en que “jugar limpio” es inexcusable para las organizaciones democráticas que aspiran al voto popular, es que participar en el revocatorio significa aceptar que Maduro es el presidente constitucional de la República y no un usurpador y entonces, todo el supuesto jurídico en que se sustenta el llamado “Interinato”, se caería como un castillo de naipes.
En efecto, no se revoca a quien no existe y menos si es un usurpador, porque en ningún sentido es objeto de las disposiciones que la Constitución contempla para elegir o destituir como el Primer Magistrado del país.
Y no importa a este respecto que la intención de voto favorable a la revocatoria del dictador llegue al 90 por ciento o que Maduro ofrezca todas las garantías para respetar los resultados (CNE independiente incluída), porque el “G-4”, -y en especial los factores políticos que lo sustentan: “Voluntad Popular” (Leopoldo López) y el Interinato (Guaidó)- debe aferrarse a que no puede ser rechazado por el voto popular, ni mucho menos garantizar su respeto quien, no siendo presidente sino usurpador solo le queda mantenerse por la fuerza y solo por la fuerza.
Y evidentemente que no hay dudas que este siempre han sido los objetivos del sistema electoral de Chávez y Maduro y que esta vez no tendría porque ser lo contrario, pero las razones para participar de la oposición en su conjunto habría que buscarlas en la intención de los electores para participar y de qué lado estarían sus preferencias, para así continuar al menos -si es que pierde con o sin fraude-con una agitación de masas, con el crecimiento de la organización y el empoderamiento políticos que, finalmente, den al traste con una pandilla que no saldrá de Miraflores sino por la fuerza.
En otras palabras que, los intereses del país no pueden residir en la conveniencia de un grupo -en este caso del Interinato-sino de los millones de nacionales que dentro o fuera de las fronteras, tienen como aspiración fundamental arrebatarle el territorio a Maduro y sus pandilleros.
Tal se vio y se tradujo en la sorpresa de la victoria opositora para la gobernación de Barinas, donde la abstención del “G-4” no evitó que organizaciones, grupos e individualidades participaran en un porcentaje que pasó del 30 por ciento y que de no estar signada por la anarquía que generó la ausencia de un comando único y una política única, pudo alzarse, al menos, con la mitad de las alcaldías
¡La victoria opositora en la gobernación de Barinas!. No cualquier victoria, sino una cuya importancia histórica y política se equiparó, simbólicamente, a la mitad del resto de las entidades regionales, pues significó la expulsión del chavismo genésico de su terruño natal y su sustitución por un gobernador democrático que después de 22 años de dictadura marxista está vivo para volver a instalarse en el poder.
¿Y cuántas sorpresas de calibre parecido no podrían verse en unas elecciones para el revocatorio, ahora que la arena electoral está más caliente y el ejemplo de la batalla de Barinas más vivo?
Seguro que muchas, pero el “G-4” y particularmente Leopoldo López y Juan Guaidó no quieren ver perturbada la quietud del Interinato, que realmente funciona con activos que la comunidad internacional se niega con toda legalidad a entregar a Maduro y sus fascisnerosos y que los partidos y líderes democráticos que los han recibido para capitalizar para el futuro, manejan más bien para el funcionamiento de sus burocracias, pero sin que se agencie una vía para derrocar la dictadura, restaurar la democracia y devolver al pueblo los recursos confiados al Interinato
Desde luego que en esta coyuntura ruedan toda suerte de rumores, consejas y denuncias sobre el manejo de los activos de parte de los “administradores”  y algunas de las más graves vienen del líder de un partido que es puntal en el cuarteto del “G-4”,  Julio Borges, el presidente de “Primero Justicia”, acusaciones sobre el despilfarro de cientos de millones de dólares, con pedidos de que se dé “cuentas” al pueblo de Venezuela de esos fondos, de “sus fondos”, pero aun no hemos oido una palabra sobre un tema tan transcendente para asegurar la solvencia de unos líderes opositores.
Pero tan, o más grave que el problema de los activos, es que el “G-4” y en particular el presidente del Interinato, Juan Guaidó, no ofrecen al país una política antidictadura concreta, viable, objetiva y confiable, que se aleje de unos llamados aéreos a presuntas movilizaciones nacionales, a una unidad que mientras no se disuelva el “G-4” en toda la oposición  y, sobre todo, se le de cuenta de los activos, se va a lograr, por lo cual, lejos de sostenerse que el Interinato es clave para derrocar la dictadura, está resultando más bien eficaz para consolidarlo.
O por lo menos,  para dividir a la oposición tradicional, que ya manifiesta poca capacidad para llevar adelante cualquier convocatoria y trasmite la impresión de que Maduro y su pandilla tienen al país de su cuenta.
¿Qué nos espera entonces en la agenda de la política opositora para los próximos meses? 

Pues nada distinto a lo que presenciamos en los meses previos a la campaña para las elecciones del 21 de noviembre: el “G-4” y particularmente “Voluntad Popular”, el Interinato, Leopoldo López y Guaidó llamando a la abstención y el resto de partidos, sobre todo los llamados “Alacranes”, pero también partidos y líderes independientes, llamando a la participación.

Entre estos últimos, aparecerán figuras nuevas, como pueden ser los chavistas radicales viudas de la familia Chávez de Barinas, pero también se ve muy activo al prófugo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, el cual asegura que es la última oportunidad para salir de Maduro pues más del 90 por ciento del electorado ha decidido demoler al dictador y está es la oportunidad.
César Pérez Vivas, Américo de Gracia y Daniel Ceballos también comparten esta tesis, y, por supuesto, Eduardo Fernández, Henry Falcón y Richard Mardo estarán en las filas de los “revocatistas” contra viento y marea.
Pero también muchos dirigentes y grupos de los partidos del “G-4” estarán entre los que harán cola el día de las elecciones sin que sus partidos se den cuenta y Guaidó declare que aunque la organización que representa declara nulo el evento, no le quita a los venezolanos el derecho de hacer lo que quieran con su voluntad política.
Y así se salva de la pifia de “reconocer” a Maduro restándole constitucionalidad al Interinato, en tanto anima a todos los dispuestos a contribuir con otro empuje al hundimiento del exlíder autobusero.
Mientras se prepara para otras elecciones donde si puede participar sin quitarle legalidad a su gobierno: las presidenciales del 2024.

CLAVES DE LA MURALLA - CNE IMPOSIBLE DE SALTAR

Janet Yucra – Impacto Venezuela - El Consejo Nacional Electoral (CNE) levanta un muro que es imposible de saltar, alrededor del referendo revocatorio. La denuncia la hizo el Observatorio Electoral Venezolano (OEV).

La ONG argumenta que ese muro se levantó «con los tiempos, términos y condiciones acordados el 21 de enero, sobre el procedimiento de recolección de manifestaciones de voluntad». Añade que el CNE «está violando de nuevo un derecho constitucional de los venezolanos».

El artículo 72 de la Constitución establece que todos los cargos de elección popular son revocables. Por ello, a partir del 10 de enero, día en que se cumplió la mitad del período presidencial en curso, el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (MOVER) promovió una solicitud. A la misma se sumaron otras dos organizaciones en calidad de adherentes.

«La obligación del CNE, como ente rector de un poder público nacional, es facilitar el ejercicio de este derecho consagrado en la Constitución, y no bloquearlo», destaca el observatorio.

Las claves de esta violación

En primer lugar, el OEV considera que «el cronograma aprobado en el directorio (del CNE), dificulta radicalmente la posibilidad de tan siquiera empezar a ejercer el derecho constitucional a revocar».

Destaca que la fecha seleccionada: el 26 de enero, es uno de los obstáculos más grandes. Lo es porque esta fecha se escogió apenas cinco días después de la medida del CNE. «Resulta un tiempo insuficiente para notificar oportunamente a los electores sobre los puntos de recepción y para nombrar y acreditar a los testigos ante esos centros», señala.

De paso, el CNE viola sus propias reglas al establecer un solo día y apenas unas horas para la recolección de las firmas. En este sentido, la ONG cita las Normas para Regular la Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular (Gaceta Electoral N.º 405, 2007).

Esta normativa, sobre la cuales se basa el CNE para su cronograma de 2022, permite que esta recolección de firmas se realice por un máximo de tres días. Además, dice que «el lapso para proponer los centros sea de hasta 15 días hábiles». Todo, «tomando en cuenta las variantes geográficas y de población electoral».

Mucha gente … poco tiempo

El observatorio critica al CNE, porque apenas el 22 de enero publicó la lista de 1.200 centros de recolección en todo el país, en horario comprendido de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. «Con base en la Constitución, serían necesarias alrededor de 4,2 millones de firmas y huellas válidas en circunscripción nacional para activar un referendo en 2022».

«En promedio, cada punto tendría que atender a cinco firmantes por minuto sin pausa durante 12 horas. Cada uno de los firmantes tendría 12 segundos, en promedio, para poner cuatro huellas dactilares y firmar en un cuaderno», agrega.

Resalta que «esta capacidad instalada implicaría el desplazamiento de electores entre municipios de su mismo estado. Todo, en un país con deficiencias de movilidad, acentuadas en tiempo de pandemia».

En consecuencia, «tenemos un número de puntos de recepción absolutamente insuficientes durante un lapso aprobado igualmente insuficiente».

Sin información

Y si no es suficiente, la ONG resalta que hay poco tiempo para que los electores se enteren de qué va este proceso. «Y menos quiénes la promueven, a dónde acudir o cómo acreditarse como testigo».

Para la organización es importante que «los electores tomen una decisión al respecto, cualquiera que sea. Y las decisiones responsables se fundamentan en información diversa y oportuna».

Por uno pagan todos

Por otro lado, el OEV critica al CNE por persistir «en el error arrastrado del anterior intento fallido de revocatorio. Quiere contabilizar las manifestaciones de voluntad por cada una de las entidades federales del país. Si tan solo un estado no alcanzara el 20% de firmas de sus electores, se anularía automáticamente el proceso del revocatorio. Esto, con base en un fallo del Tribunal Supremo de Justicia del año 2016».Un

Una vez más, la ONG recuerda el artículo 72 de la Constitución que establece que podrá solicitar la convocatoria un número no menor de 20% de los electores “inscritos en la correspondiente circunscripción”. «En este caso, estamos ante una única circunscripción nacional por tratarse del cargo presidencial, con lo cual estaría el CNE violando una expresa disposición constitucional».

Recolección en pandemia

Todo lo anterior debe tomar en cuenta no solo el curso global y nacional de la pandemia de COVID-19, subraya la ONG.

Recuerda el observatorio que estamos en plena pandemia y ante el aumento de casos de los últimos días. «Las condiciones de recolección de voluntades para nada consideran las recomendaciones internacionales en materia de salud pública».

Desde el punto de vista de garantías técnicas, el cronograma aprobado para 2022 tampoco contempla las auditorías del Registro Electoral, de software de máquinas, de software de recepción, de producción de equipos y de resultados, a diferencia del cronograma del año 2016 que, en general, contemplaba ocho actividades más que ahora.