► 17 PAÍSES RESPALDARON EL INFORME DE LA MISIÓN - ONU Y ABOGARON
POR RENOVAR EL MANDATO
► DESCRIBE AÑOS DE HORROR EN EL SEBIN Y LA DGCIM
► ONU: JUECES Y FISCALES, ESBIRROS DE MADURO - 17.9. 2021
► A/HRC/51/CRP.2: LA SITUACIÓN DE LOS DD.HH.
EN EL ARCO MINERO DEL ORINOCO Y OTRAS ÁREAS DEL ESTADO BOLÍVAR
► A/HRC/51/CRP.3: CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS
ATRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA DEL ESTADO: ESTRUCTURAS Y PERSONAS
INVOLUCRADAS
► SUECIA:
“PERPETRADORES DE CRÍMENES EN VENEZUELA DEBEN RENDIR CUENTAS ANTE LA JUSTICIA”
MADURO AMENAZA CON REPRESALIAS
La
representación de Nicolás Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
repudió el informe. El comisionado opositor ante la ONU, Miguel Pizarro,
agradeció el apoyo internacional a la Misión.
PROVEA - Gobierno
de Maduro amenaza con tomar medidas “políticas y diplomáticas” contra los
Estados que apoyen la eventual renovación del mandato de la Misión de la ONU,
que se vota la próxima semana en el Consejo DDHH-ONU. Abusando del voto de
Estados en temas de DDHH.
• Misión de la ONU responde al Gobierno de Maduro y tilda su intervención de “plagada
de adjetivos” contra un Informe de hechos verificables.
Aseguran
que todas las fuentes del Informe las harán accesibles a la Corte Penal
Internacional (CPI) y a otros organismos
•
Es inaceptable que se anuncien medidas bilaterales contra Estados por promover
o votar a favor de la renovación de la Misión, más cuando las medidas
multilaterales podrían estar dirigidas contra instancias de las mismas Naciones
Unidas.
Ilus. Roberto Weil
Provea - Misión de la ONU
sigue preocupada por las continuas
denuncias de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela; hacen un
llamado a la comunidad internacional a renovar sus esfuerzos para atender la
situación “extremadamente preocupante” de los DDHH.
“La Misión realizó 246 entrevistas seguras, realizamos 3
misiones a zonas cercanas a la frontera con Venezuela" Misión de la ONU
ante el Consejo DDHH-ONU
RunRunes
- "El trabajo de la Misión de la ONU se
ha convertido en el más importante mecanismo de verdad para que los venezolanos
podamos conocer lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos años",
destacó el coordinador general de @_Provea - Rafael Uzcátegui
MISIÓN
DE LA ONU LAMENTA que autoridades venezolanas
continúen impidiendo investigaciones en el territorio y sigan sin responder
ninguna de las 23 cartas enviadas: “A pesar de las dificultades, la Misión ha
sido capaz de realizar investigaciones sólidas”#QueSigaLaMisión
Misión de la ONU denunció que crímenes en Venezuela
“continúan hasta el presente” bajo “casi total impunidad”
La Misión presentó de manera formal este
lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, su tercer
informe sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de
Nicolás Maduro.
“Tanto el SEBIN como la DGCIM utilizaron la violencia sexual y
de género contra las personas detenidas a través de descargas eléctricas y
golpes en sus genitales, violaciones y amenazas de violaciones con el propósito
de intimidarlas y humillarlas. La
investigación ha demostrado que estos crímenes no fueron cometidos por
individuos que actuaban de manera inconexa dentro de estas agencias o fuera del
control de sus superiores.
Por el contrario, la DGCIM y el SEBIN forman parte de una
maquinaria diseñada y desplegada para la ejecución de un plan del gobierno que
tiene por objeto reprimir a aquellos que percibe como sus opositores y así
consolidar el control del poder. Este plan fue orquestado desde el más alto
poder político”, denunció la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.
La experta explicó que estas graves violaciones no han cesado, sino
que por el contrario persisten actualmente, destacando que hay más de un
centenar de presos políticos.
“Las violaciones a los DDHH por parte de ambas agencias continúan
hasta el presente. Las intimidaciones llevadas a cabo por ambas agencias
también perdura. La semana pasada, el mismo día en que la Misión publicó este
informe, funcionarios del SEBIN se presentaron en la sede de PROVEA mientras
familiares de sindicalistas detenidos hacían una rueda de prensa reclamando
justicia”, destacó.
Valiñas sostuvo que “las
violaciones de DDHH que la Misión ha documentado han tenido lugar en un clima
de casi total impunidad”.
Explicó que “solo
unos pocos funcionarios de inteligencia han tenido que rendir cuentas por estas
y todos ellos han sido de bajo rango” y lamentó que “las autoridades venezolanas no
han hecho esfuerzos significativos para combatir el carácter generalizado y
sistemático de las violaciones y brindar justicia y reparación para las
víctimas”.
Asimismo, advirtió que “las
reformas judiciales anunciadas a partir de 2021 son claramente inadecuadas para
corregir la falta de imparcialidad e independencia que aqueja al sistema de
justicia”.
“Como resultado de nuestras investigaciones, hemos reunido
información sólida con respecto de la participación de funcionarios de la DGCIM
y el SEBIN, como autoridades del más alto nivel político, en las violaciones y
delitos documentados. Tenemos
motivos razonables para creer que estas personas son responsables por dichos
actos y deben ser investigadas”, concluyó.
CONCLUSIONES DETALLADAS de la
Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la
República Bolivariana de Venezuela
Crímenes de lesa
humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado:
estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan para
reprimir la oposición al gobierno
I. Introducción
A. Antecedentes y contexto
1.
En su resolución 42/25 del 27 de septiembre de 2019, el Consejo
de Derechos Humanos estableció la Misión Internacional Independiente de
determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (en
adelante “la Misión” y “Venezuela”, respectivamente). El 6 de octubre de 2020,
el Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato de la Misión por dos años
más, hasta septiembre de 2022, mediante la resolución 45/20. La Misión presentó
su primer informe al Consejo de Derechos Humanos el 15 de septiembre de 2020.1
Posteriormente, presentó un segundo informe el 16 de septiembre de 2021.2
2.
La Resolución 45/20 le permitió a la Misión seguir investigando
violaciones graves de los derechos humanos, incluidas las ejecuciones
extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la
tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la violencia sexual
y de género, desde 2014. Las expertas y el experto de la Misión son Marta
Valiñas3 de Portugal (Presidenta), Francisco Cox4 de Chile y Patricia Tappatá5
de Argentina, quienes realizan su trabajo ad honorem.
3.
El Consejo de Derechos Humanos le pidió a la Misión que
elaborara informes escritos con sus conclusiones para presentarlos al Consejo
de Derechos Humanos durante el diálogo interactivo en su 51º período de
sesiones.6 La Misión ha elaborado tres informes: el informe presentado al
Consejo de Derechos Humanos A/HRC/51/43 y dos documentos de sesión ampliados.
Entre estos se encuentra el presente informe, que se centra en el rol de los
servicios de inteligencia del Estado en la comisión de detenciones arbitrarias,
desapariciones forzadas, actos de tortura y otros tratos crueles e inhumanos,
así como de violencia sexual y de género, contra opositoras y opositores del
Gobierno y personas percibidas como tales.
4.
En su informe de 2020, la Misión llegó a la conclusión de que
había motivos razonables para creer que las violaciones y los crímenes se
habían cometido en Venezuela como parte de un ataque generalizado y sistemático
dirigido contra la población civil, con conocimiento del ataque, de conformidad
o para promover dos políticas estatales distintas: 1) una política para
silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno y 2) una política para
combatir la delincuencia, que incluyó la eliminación de personas percibidas
como “delincuentes”.7
5.
La Misión también identificó, principalmente, seis estructuras8 a
las que pertenecían las personas implicadas en la comisión de delitos y
violaciones, que se enmarcan en tres contextos.9 En cuanto al contexto de la
represión política selectiva, la Misión encontró motivos razonables para creer
que se utilizaron detenciones arbitrarias para atacar a personas en función de
su afiliación y participación política, sus puntos de vista y sus opiniones y
expresiones.10 Asimismo, se constató que varios detenidos también fueron
víctimas de desapariciones forzadas de corta duración y de actos de tortura y
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y
de género.11
6.
En 2020, la Misión determinó que existían motivos razonables
para creer que actores institucionales clave dentro del Ejecutivo, como las fuerzas
de seguridad y los servicios de inteligencia, desempeñaron un rol en los
arrestos y detenciones de opositoras y opositores al Gobierno, reales y
percibidos como tales.12 En su informe de 2021, la Misión concluyó que tenía
motivos razonables para creer que las y los actores fiscales y judiciales, en
lugar de proporcionar protección a las víctimas de delitos y violaciones de
derechos humanos, desempeñaron un rol importante en la represión del Estado
contra la oposición al Gobierno, real o percibida.13
7.
Con respecto a los servicios de inteligencia del Estado, la
Misión concluyó en 2020, con fundamentos razonables, que personas de distintos
niveles institucionales y jerárquicos del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (en adelante “SEBIN”) y de la Dirección General de Contrainteligencia
Militar (en adelante “DGCIM”) tuvieron una participación esencial en la
represión selectiva de personas opositoras al Gobierno y estuvieron
involucradas en estas violaciones y delitos.14 Las conclusiones de la Misión
sobre las contribuciones de estas personas se incluyeron en la sección de
responsabilidad del informe de 2020.15
8.
El presente informe profundiza las determinaciones que efectuó
la Misión en los informes de 2020 y 2021. En particular, se centra en el rol desempeñado
por el SEBIN y la DGCIM como instituciones, y en el rol de las personas que
ocuparon y ocupan diversos cargos dentro de las jerarquías de estos organismos
en las violaciones y crímenes cometidos contra opositoras y opositores reales y
percibidos del Gobierno. Este informe ahonda en el análisis de estas
estructuras y la participación de personas que se encuentran en los diferentes
niveles de las cadenas de mando e identifica roles y contribuciones
adicionales, con miras a avanzar en la determinación de su responsabilidad. Un
análisis más profundo de las estructuras, la dinámica, la toma de decisiones,
el modus operandi y las funciones de personas específicas dentro de sus
respectivos organismos también muestra al SEBIN y a la DGCIM como organizaciones
propensas a ser dirigidas u orientadas hacia la comisión de violaciones y
delitos.
9.
Los delitos y violaciones cometidos por integrantes de estas
estructuras –que, como se señala en el informe de la Misión de 2020, equivalen
a crímenes de lesa humanidad–16 fueron de especial crueldad y se cometieron
contra personas particularmente indefensas por estar detenidas. Opositoras y
opositores reales y percibidos al gobierno y sus familiares fueron sometidos a
detenciones ilegales, seguidas de actos de tortura y otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes y de violencia sexual y de género mientras estaban
detenidos, incluso a través de: fuertes golpes con bates y objetos punzantes;
descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo; asfixia con sustancias
tóxicas y agua; cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y
debajo de las uñas; el uso de un dispositivo llamado “señorita”, para levantar
y deformar los cuerpos y bajarlos a tanques de agua; violación con objetos;
golpes y descargas eléctricas en los genitales; iluminación constante u
oscuridad permanente; calor o frío extremos; alimentación forzada con heces y
vómito; y amenazas de muerte y de violación a las víctimas y a sus familiares.
10 - Como
se aclarará en este informe, las estructuras de la DGCIM y el SEBIN no han
cambiado al día de hoy y las dinámicas y patrones de conducta que operan dentro
de estos organismos, que son las que la Misión ya ha documentado anteriormente,
también perduran hasta la fecha. La Misión demostrará, con fundamentos razonables
para creer, que varias personas participaron en delitos y violaciones, y, por
lo tanto, su responsabilidad merece una investigación más profunda. Casi todas
estas personas, y en particular quienes detentaban puestos clave, continúan
ocupando cargos en la DGCIM o el SEBIN. Varias de las personas involucradas han
sido ascendidas dentro de las mismas estructuras, incluso tan recientemente
como el 29 de Agosto de 2022.17 Quienes ya no trabajan para la DGCIM o el SEBIN
han sido promovidos a otros puestos en organismos diferentes o se han retirado
del servicio. No hay evidencia de que en la actualidad se estén llevando a cabo
procedimientos domésticos contra ninguna de estas personas. El Gobierno no ha
proporcionado información al respecto, a pesar de que la Misión envió varias
solicitudes en forma de cartas oficiales a través de los canales diplomáticos
pertinentes. Esto es incompatible con una intención genuina de ocuparse de la
situación.
11 - La Misión no ha encontrado información que indique que las
víctimas de los delitos y violaciones cometidas en los centros de detención El
Helicoide del SEBIN (“Helicóide”) y La Boleíta de la DGCIM (“Boleíta”),
documentadas en este informe y en el de 2020, hayan recibido reparaciones por
los daños sufridos, sea mediante indemnización, restitución o rehabilitación.
En consecuencia, el daño que sufrieron sigue sin repararse. Esto ha perpetuado
una situación de falta de justicia y reparación. Ciertamente, los últimos
periodos más álgidos de detenciones ilegales seguidas de tortura se registraron
en 2019. Esto se debe a que, con el tiempo, debido a la brutalidad en la
ejecución del plan, la disidencia política ha sido en gran medida reprimida.
Esto sumado a los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre la protesta generó,
como resultado, una disminución general de las denuncias de este tipo de
incidentes.
12- Sin embargo, varios de los casos que se documentan a
continuación se refieren a actos y conductas cometidas recientemente, durante
el segundo semestre de 2021 y lo que va de 2022.18 Como la Misión señaló en la
Actualización Oral realizada en marzo de 2022, si bien desde septiembre de 2021
se han hecho algunos avances en el traslado de personas fuera de los centros de
detención del SEBIN y de la DGCIM, de acuerdo con un Decreto Presidencial del
17 de mayo de 2021, varias personas detenidas en casos que involucran a
opositoras y opositores reales o percibidos del Gobierno no han sido
trasladadas. Por ejemplo: Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, fue
detenido en julio de 2021 y continúa recluido en El Helicoide del SEBIN, donde
ha sido sometido a torturas, incluso mediante tortura psicológica o tortura
blanca. La Misión se comunicó con otro detenido, quien declaró haber sido
sometido a torturas en la DGCIM Boleíta en el segundo semestre de 2021, e
identificó a otras personas detenidas que sufrieron el mismo trato. Ello así, a
pesar de que, a partir de finales de 2021, la gestión de los centros de
detención del SEBIN y de la DGCIM en Caracas fue transferida al Ministerio del
Poder Popular para el Servicio Penitenciario.
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