Fonseca► KHAN-
CPI : “NO MÁS LARGAS A MADURO”
► “LEVANTAR
SANCIONES A MADURO DEPENDE DEL DIÁLOGO EN MÉXICO”
► MADURO MIENTE SIEMPRE,
COMO PUTIN MIENTE SOBRE UCRANIA
Maduro y su Rap del Mareo.... se terminó la música. Parece....Washington:
“Levantar sanciones depende …” Cualquier
decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones al régimen de Nicolás
Maduro, incluso en el sector petrolero, será en base a las negociaciones entre
la oposición y el chavismo en México, así lo afirmó Juan González, el principal
asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense, Joe Biden.
“Queda muy claro que en un lado de la mesa están los
venezolanos que quieren un regreso a la democracia, donde tiene que haber
un proceso electoral justo que determine la autodeterminación democrática de
Venezuela, y del otro lado hay un régimen que está manteniendo el status
quo.
El mensaje nuestro, y es algo con lo que la comunidad
internacional está con nosotros, es que cualquier respuesta nuestra será en
base a resultados en la mesa de diálogo”, señaló González en entrevista a W
Radio.
El principal asesor para Latinoamérica fue enfático en
afirmar que esa es la postura de EEUU y de sus aliados en Europa. “La única
ruta por delante es México y los resultados en México”, reiteró.
González señaló que mantienen un diálogo
fluido con el gobierno interino de Juan Guaidó y dijo que es el
interlocutor primario para Washington.
El pasado 7 de marzo, Nicolás Maduro anunció la reactivación
“con mucha fuerza” de un proceso de diálogo con la
oposición, paralizado hace cinco meses.
Maduro ordenó suspender las negociaciones, que se
llevaban a cabo en México, en represalia a la extradición a Estados Unidos por
Cabo Verde de Alex Saab, un cercano colaborador acusado de lavado de dinero y
señalado como testaferro del mandatario chavista.
“El diálogo de México recibió un golpe tremendo como
saben ustedes, pero si estamos pidiendo diálogo para el mundo tenemos que dar
el ejemplo en el país y vamos a un reformateo del proceso de diálogo
nacional”, indicó Maduro entonces en una alocución transmitida en la televisión
estatal.
Alex Saab, que recibió la nacionalidad venezolana y un
título diplomático, había sido nombrado como integrante de la delegación del
gobierno, por lo que su extradición en octubre fue vista como motivo para
detener el proceso que comenzó en agosto de 2021 y que no llegó a ningún
acuerdo relevante.
En el encuentro de 2021 en México las partes firmaron un
memorándum de entendimiento, pero no avanzaron mucho en su propósito.
Según Gerardo Blyde, jefe negociador del gobierno interino de Venezuela,
el rendimiento “no fue bueno” debido a que solo lograron dos
acuerdos, que no pudieron tampoco instalarse como la defensa del Esequibo y la
atención social.
Khan-
CPI : “No más largas a Maduro”
La
fiscalía de la Corte Penal Internacional rechazó una solicitud del régimen de
Maduro y reanudará la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela
La fiscalía de la Corte Penal Internacional rechazó una
solicitud del régimen de Nicolás Maduro - de prologar nuevamente el lapso de la
entrega del Informe de Progreso en las mejopras del sistema judicial- y reanudará la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Desestimó el pedido del chavismo y confirmó que continuará su trabajo en el
país caribeño.
El Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim
Khan, indicó en un escrito que el pasado 16 de abril recibió una respuesta
de la República Bolivariana de Venezuela a la “Notificación de la fiscalía
en virtud del artículo 18(1) del Estatuto de Roma” mediante la cual Venezuela
“confirma que [está] investigando o ha investigado a sus nacionales u otros
dentro de su competencia respecto de presuntos hechos punibles contra los
derechos humanos, en concordancia con la información facilitada en la notificación
recibida de la Oficina del Ministerio Público el 16 de diciembre de 2021″, y “solicita
a la Fiscalía abstenerse formalmente de la investigación a favor de las
actuaciones realizadas por autoridades nacionales correspondientes de Venezuela”.
En el texto, Khan menciona que hubo una “solicitud de aplazamiento” por
parte del chavismo.
Luego afirmó que Venezuela pidió además que “la Fiscalía
continúe prestando su apoyo a fin de facilitar la tramitación y efectiva
conclusión de los estas diligencias realizadas por las correspondientes
autoridades internas de Venezuela, incluida la transmisión de cualquier
información disponible a la Oficina del Fiscal en relación con los presuntos
delitos pertinentes”.
“En
apoyo de la Solicitud de Aplazamiento, Venezuela no adjunta ningún material de
respaldo. En cambio, se refiere a los nueve informes que había presentado
previamente a la Fiscalía desde 2020 durante el examen preliminar de la
situación y posteriormente”, aclaró el Fiscal jefe de la
CPI.
Y continuó: “Venezuela se refiere además a un conjunto de
reformas regulatorias e institucionales que dice han sido adoptadas para
fortalecer la capacidad nacional. Tal como lo ordenó la Sala, la Fiscalía
ha tratado de mantener un diálogo significativo con Venezuela, en línea con el
principio de complementariedad, durante el examen preliminar y más allá”,
subrayó Khan.
Luego recordó que, más allá de la correspondencia regular
y comunicación a nivel operativo, ha viajado dos veces a Caracas para
“discutir formas y medios de promover tanto la cooperación como esfuerzos de
complementariedad con todas las autoridades competentes pertinentes”.
Maduro, con “M”
de Mentira: Venezuela, una caja negra
Ramón Cardozo
Álvarez. - DW - Según la Agencia
de la ONU para los refugiados (ACNUR), más de 6 millones de
personas han salido de Venezuela huyendo de la violencia, la inseguridad, las
amenazas, y la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales.
Esta es, según el organismo de la ONU
para los refugiados, ACNUR, la "segunda crisis de
desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo”.
Nicolás Maduro, por su parte, ha acusado a ACNUR de parcialidad
ideológica y de publicar cifras falsas, por
presión de los Estados Unidos , para atacar a la revolución bolivariana. Para el cuestionado
gobernante, esas cifras son "estúpidas”, ya que el número de migrantes no
supera los 800.000, y muchos de ellos ya estarían
retornando a Venezuela a raíz de la recuperación económica que, afirma, el país
viene experimentando en los últimos meses. Aseveraciones rechazadas por voceros
de la oposición venezolana, para quienes tal recuperación es un espejismo y,
lejos de haberse detenido, la emigración va en aumento.
Este choque de apreciaciones sobre la realidad del éxodo o de la crisis
económica en Venezuela aparece también cuando se debaten otros grandes
problemas públicos que aquejan a los venezolanos: la pobreza, la inseguridad,
las epidemias o la precariedad de los servicios públicos.
Como punto de partida de estas marcadas discrepancias en las estimaciones
sobre la situación real del país, se señala a la creciente escasez de datos
oficiales fidedignos, lo cual está estrechamente ligado con la opacidad y la
debilidad institucional del Estado venezolano.
Marino González, médico experto en
políticas públicas e investigador de la Universidad Simón Bolívar (USB),
sostiene que Venezuela hoy en día es uno de los países donde hay mayores
restricciones institucionales para la obtención de datos.
Según el profesor González, durante los últimos veinte años, la
capacidad del Estado venezolano para recolectar, generar y analizar datos sobre
la realidad social, económica y política se ha venido deteriorando de forma
sostenida y pronunciada. Desde 2014, por ejemplo, el Estado no suministra datos
sobre la mortalidad en el país, y desde el 2016 no ofrece información oficial
sobre las "enfermedades notificables”, el tipo de enfermedades que, como
la malaria o la tuberculosis, deben ser reportadas de forma inmediata y
obligatoria por razones de salud pública. Otro ejemplo reciente lo constituye
el hecho de que, junto con Nicaragua, Haití y Honduras, Venezuela es uno de los
cuatro países de América Latina que durante la pandemia del COVID-19 no ha
reportado cifras sobre la realización de pruebas diagnósticas.
La escasez de información oficial confiable no se reduce al ámbito socio
económico. Elsa Cardozo, reconocida internacionalista e investigadora de la
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en su estudio "Fondos y
trasfondos de la petrodiplomacia”, denuncia cómo, desde la llegada de
Chávez a la Presidencia, los venezolanos "no contamos con información
oficial confiable acerca de cuáles son, qué alcances tienen y cómo se han
modificado los compromisos internacionales suscritos por el gobierno en nombre
del país”.
Para 2015, fecha de aparición del estudio, ya se habían suscrito
más de 400 convenios con China, 300 con Irán, 200 con Rusia y una cantidad
indeterminada, pero muy elevada, con Cuba. Según Cardozo, por el hermetismo y
la opacidad del gobierno al respecto, se desconoce el alcance real de este
conjunto de acuerdos que afectan en gran escala las finanzas, la energía, el
comercio y la seguridad de Venezuela.
Un paliativo parcial y riesgoso
El venezolano percibe que el sueldo no le alcanza, pero no tiene certeza
acerca de las cifras reales de la inflación; el venezolano siente la
inseguridad en las calles, pero desconoce el grado de la criminalidad en el
país; el venezolano ve cómo la educación de sus hijos falla, pero no tiene
información sobre la calidad de esa educación. El venezolano sufre
por falta de agua y de electricidad, pero no conoce a ciencia cierta por
qué, ni hasta dónde llega el corte del servicio.
Estas graves deficiencias en la información, necesaria para que el
ciudadano pueda afrontar su día a día, han sido aliviadas, en parte, gracias a
la labor de múltiples organizaciones civiles venezolanas que han asumido el
difícil reto de llenar el vacío informativo.
Algunas de estas iniciativas son: ENCOVI-UCAB (Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida), Centro de Documentación y Análisis para los
Trabajadores-CENDA (estadísticas socio laborales) y Observatorio
Venezolano de Finanzas (estadísticas económicas y sociales). Estas
organizaciones se dedican a todo lo que tiene que ver con servicios público: Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (agua, electricidad,
telecomunicaciones, gas doméstico y aseo urbano); Comité de Afectados por Apagones (servicio eléctrico),Observatorio venezolano educativo (Educación), "Monitor
Ciudad” (abastecimiento de agua). En cuanto a la salud: Médicos Unidos por
Venezuela y Observatorio Venezolano de la Salud. Además, Transparencia
Venezuela, dedicada a observar el manejo de los recursos públicos; PROVEA , que trabaja en pro de los derechos
económicos, sociales y culturales; Foro Penal, cuya labor se centra en los
derechos humanos y en denunciar la represión estatal. FUNDAREDES se enfoca
en los derechos humanos en las zonas fronterizas, y el Observatorio Venezolano
de Justicia, en la administración de justicia y el Estado de derecho. Para
monitorear la inseguridad ciudadana y la violencia: Observatorio Venezolano
de Violencia, Observatorio Venezolano de Prisiones, Control
Ciudadano (Fuerzas Armadas y seguridad y defensa).
Una lectura rápida de este listado parcial pone en evidencia la amplitud
de los problemas públicos respecto de los cuales la ciudadanía percibe una
carencia de información confiable. El gobierno venezolano no está a gusto con
este monitoreo contralor por parte de la sociedad civil. Además de rechazar la
fiabilidad de los datos recabados, el régimen de Maduro ejerce fuerte presión
para que no prosigan en estas labores. De aquí que su realización conlleve
riesgos importantes para la seguridad personal. Un caso emblemático, entre
otros, es el de Javier Tarazona,
director de FUNDAREDES, que vigila y denuncia la violencia y la criminalidad en
las fronteras de Venezuela. A consecuencia de sus denuncias, Tarazona se
encuentra detenido en forma arbitraria desde julio de 2021, acusado de
"traición a la patria, terrorismo e incitación al odio”.
Por otra parte, la tarea de recabar y procesar la información exige
muchos recursos humanos y financieros. Por ello, las oenegés se ven obligadas
acudir a fuentes de financiamiento nacionales e internacionales. Y a este
talón de Aquiles ha apuntado el régimen para impedir que se lo controle. A
través de la Providencia Administrativa No. 001-20219 (Publicada en la Gaceta
Oficial número 42098 con fecha de 30 de marzo de 2021), se ha establecido la
obligatoriedad para las asociaciones civiles de suministrar al gobierno todas
las actas constitutivas y de asambleas, la lista de sus miembros y de su
personal, de sus donantes, sus movimientos financieros, así como la lista
de todos sus beneficiarios y la de otras organizaciones con las que trabajen,
"bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo y otros”.
Esta medida ha sido rechazada por más de 700 organizaciones civiles venezolanas
y fue criticada internacionalmente como un grave intento de criminalizar el
libre ejercicio de la participación ciudadana.
La actual opacidad y precariedad de los sistemas de información
gubernamental venezolanos contrasta enormemente, a juicio de González, con el
desarrollo y la importancia que durante el pasado siglo XX llegaron a alcanzar
estos sistemas en el país. En 1960, por ejemplo, Venezuela era reconocida como
uno de los países en desarrollo que contaba con los mejores sistemas de
estadísticas vitales. En 1958, inaugurándose la democracia en el país,
Venezuela era uno de los primeros países de América Latina en contar con una
Oficina Central de Coordinación y Planificación pública (CORDIPLAN). En
1967, también uno de los países pioneros de la región en implementar,
durante los periodos intercensales, las llamadas "Encuestas de Hogares”,
fuente invalorable de datos para la generación de indicadores sobre la
evolución del mercado laboral y las condiciones socioeconómicas de la
población. En 1977, con miras a optimizar el sistema de información de datos
públicos, se creó la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), la
cual integró todos los organismos públicos que generaban y procesaban
información estadística en el país. Tanto a CORDIPLAN como a la OCEI se les dio
el estatus de "órganos auxiliares del Presidente de la República y del
Consejo de Ministros”, remarcando así su importancia para la toma decisiones
del Alto Gobierno.
A partir de 1999, la fiabilidad de los sistemas de información
gubernamental se fue perdiendo. Marino González lo atribuye al hecho de que la
gran mayoría de las políticas públicas de los gobiernos de Chávez y Maduro no
han tenido de forma explícita la consideración de los problemas que afectan a
las personas, y las mediciones de esos problemas en sus distintas expresiones.
La prioridad de esos gobiernos han sido los objetivos políticos vinculados al
mantenimiento del régimen. Esto se comenzó a evidenciar, sobre todo, en el área
social, donde fueron desapareciendo los indicadores relativos a la salud, la
nutrición y a la educación. Así, durante el primer gobierno de Chávez se
suspendió un proyecto con el Banco Mundial para medir la calidad de la
enseñanza en las escuelas primarias del país. "Si bien los gobiernos
necesitan datos para tomar decisiones mejor informadas, los mismos datos pueden
ser utilizados como una herramienta para pedir cuentas a los gobernantes y así
reducir su discrecionalidad”, sostiene el estudio "¿A quién le importa
saber?”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero precisamente una
característica muy visible de Chávez era su acentuada discrecionalidad en el
ejercicio del gobierno.
Esta falta de vínculo entre la generación de datos y su utilización por
parte de los decisores públicos llevó de manera progresiva al debilitamiento,
desintegración y eventual desaparición de los equipos humanos que, dentro del
Estado venezolano, realizaban esa labor de recolección, sistematización y
análisis de datos. Tomará mucho tiempo reestablecer la calidad de los sistemas
de información en el país. Son tareas muy complejas desde el punto de vista de
la tecnología, el nivel técnico y la experticia de los recursos humanos
involucrados.
Consecuencias para la toma de decisiones y la previsión
Hay una relación directa entre la calidad de la información de la cual
dispone un gobernante y la calidad de sus políticas públicas. "La
capacidad estadística de los países está muy relacionada con la posibilidad de
tomar decisiones de política sustentadas en evidencia y con la gestión pública basada
en resultados”, sostiene el ya referido estudio del BID. Marino González estima
que, actualmente, Venezuela debe tener uno de los niveles de incertidumbre más
altos del mundo en la toma de decisiones públicas. Para González, eso explica
en buena medida la crisis que vive el país.
La pandemia del COVID-19 y la trágica decisión de Putin de invadir a
Ucrania han hecho entrar al mundo en tiempos de mucha incertidumbre e
inestabilidad económica y política. La mayoría de los gobiernos ya toman las
previsiones necesarias para que sus respectivos países puedan atravesar esta
tormenta de la mejor manera posible. Venezuela también debería prepararse. Para
ello sería ineludible quitar el velo que ha caracterizado a la gestión pública
venezolana durante los últimos veinte años. El Estado venezolano está en la
obligación de informar a sus ciudadanos, de manera veraz y objetiva, sobre la
verdadera situación del país: acerca del panorama real de sus finanzas
públicas, de su industria petrolera, de la deuda pública, del alcance de los
compromisos suscritos con China, Rusia, Irán y Cuba. Es necesario que se
provean datos ciertos sobre la evolución de las distintas epidemias que han
reaparecido, de las principales causas de mortalidad del
venezolano, de la situación real de los servicios públicos: salud,
educación, seguridad, agua y electricidad, y sobre los ecosistemas más
vulnerables. Los venezolanos requieren conocer a ciencia cierta en qué
condiciones reales se encuentra el país para poder acordar los correctivos y previsiones
necesarias que le permitan al país afrontar los tiempos complicados que se
avecinan.
Ramón Cardozo Álvarez es un abogado venezolano, magister en Ciencia
Política (Universidad Simón Bolívar de Caracas), y en Estudios Políticos
Aplicados (Fundación Internacional e Iberoamericana de Administración y
Políticas Públicas FIIAP-Madrid).
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