MADURO: “¡CASTREN A CABELLO!”
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Kees Verkaik
- LA
“REFORMA” DEL PODER JUDICIAL: ¿ JUGUETE O ARMA PARA CABELLO?
- LA CÚPULA
DEL PRANATO - La Razón
- MADURO
BUSCA DEGRADAR A CABELLO EN LA CÚPULA CHAVISTA - Ludmila Vinogradoff - 06/06/2018
- GUERRA INTERNA EN EL CHAVISMO: MADURO VS CABELLO – Infobae (requiere VPN)

Diosdado
Cabello abraza a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores en 2013 - Efe
Miguel Henrique Otero - Ha sido inevitable en estos días, recordar el utilísimo libro que cuatro juristas venezolanos –Antonio Canova González, Luis Herrera Orellana, Rosa Rodríguez Ortega y Giuseppe Graterol Stefanelli– publicaron en 2014: El TSJ al servicio de la revolución. La toma, los números y los criterios del TSJ venezolano (2004-2013).
Dos cosas conviene advertir de una vez. La primera es
que, aunque su revisión culmina en el 2013, cada una de sus afirmaciones no ha
perdido ni un ápice de su vigencia: se proyectan hasta nuestros días, sin
titubeos. Lo segundo se refiere al alcance de la investigación que hicieron: el
que ella se concentre en el TSJ, no la limita.
Sin duda, cuando se demuestra que el Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela está bajo el control absoluto del régimen -primero de
Chávez y ahora de Maduro- también se demuestra que todo el Poder Judicial está
bajo el mando férreo y sostenido del poder que somete a Venezuela.
Desde que Chávez accedió al poder, empezó su campaña para
hacerse con el control pleno y milimétrico del sistema judicial. Si alguien
decidiera tomar el testigo del trabajo realizado por estos cuatro autores, y
emprendiera la elaboración de una cronología del sometimiento del Poder
Judicial venezolano, se encontraría frente a una tarea titánica, por la
magnitud de las realidades a las que se enfrentaría. Porque no es solo el TSJ,
el nivel más alto del sistema, el que ha sido penetrado y sometido a la
dominación. Es toda la estructura, cada una de sus instancias, sin excepción,
incluyendo en ello, de forma muy relevante, el ámbito de la justicia militar,
que también ha cumplido un papel determinante en el objetivo de aplastamiento
de las libertades de la sociedad venezolana.
Con la creación de la Comisión de Emergencia Judicial,
por parte de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 –el decreto que la
estableció fue publicado en la Gaceta Oficial del 11 de septiembre–,
se inició un proceso sostenido –no interrumpido–, sistemático y feroz, que ha
tenido como propósito central erradicar toda forma de independencia, y
convertir al edificio judicial venezolano, en la herramienta estratégica para
impedir la acción autónoma de los poderes públicos –especialmente el Poder
Legislativo–, garantizar un estatuto pleno de impunidad al alto mando civil y
militar del régimen, y perseguir, con todos los recursos a disposición, a
dirigentes sociales, políticos y simples ciudadanos, violando sus derechos
ciudadanos y sus libertades.
Se destituyeron a magistrados y jueces que intentaron
preservar su autonomía y que no resultaban confiables, que fueron reemplazados
por abogados militantes, incluso cuando ni siquiera cumplían con los requisitos
básicos de formación y experiencia mínima que exige la responsabilidad de la
justicia. Cuando fue necesario, como ocurrió con la jueza María Lourdes Afiuni,
se le llevó a prisión, se le inventaron cargos inexistentes en las leyes
venezolanas, se la torturó y violó, y se la privó de libertad por casi 10 años.
Se instauró así, una especie de estatuto de provisionalidad, cuyo carácter es
meramente político: no se basa en el cumplimiento de la ley, sino de la lealtad
al régimen. El que sigue la línea, mantiene el cargo. El que disiente es
destituido de inmediato.
Como demuestra el libro mencionado arriba, la lealtad del
TSJ al régimen no solo ha quedado demostrada con reiterados hechos de carácter
público, sino con abrumadoras estadísticas, que responden siempre a una sola y
estricta lógica: beneficiar al poder y aplastar a los ciudadanos, a las empresas,
a las oenegés, a los gremios, a las universidades, a las familias, a quien sea.
Todo esto, además, se ha ejecutado sin disimulo alguno.
Se ha apelado a los argumentos más descabellados, han guardado silencio ante
las violaciones de la ley más evidentes, han llevado la figura del retardo
procesal hasta extremos inconcebibles, han engavetado expedientes, han denegado
el derecho a la justicia una y otra vez. Estas actuaciones, hay que recordarlo,
han sido denunciadas por la OEA, la ONU, Human Rights Watch, la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos, gremios de juristas venezolanos y de
otros países, ONG, organizaciones de familiares de presos políticos y más, con
este resultado: ninguno. Absolutamente ninguno. La complicidad con el régimen,
su lealtad perruna, ha permanecido intacta. Está por hacerse un estudio que
relacione estos dos procesos recurrentes y paralelos: los insultos de Chávez al
Poder Judicial, cuya respuesta no fue otra que reiterados discursos y
sentencias de apego incondicional al programa de destrucción de Venezuela,
resultante de la operación del régimen chavista y madurista.
¿Para qué entonces, Maduro decreta la reforma del Poder
Judicial, si está 100% bajo su control, y pone al frente de esa acción,
justamente al principal promotor de detenciones y acciones judiciales fuera del
marco de la ley, que no es abogado sino un capitán enemigo y perseguidor profesional de las
libertades, Diosdado Cabello? ¿Es que no la puede acometer sin Cabello, dueño y
señor de los tribunales? ¿Es acaso un gesto propagandístico para mostrar que
entre el madurismo y la facción pro Cabello no hay disputas ni flagrantes
contradicciones, sino férrea unidad política? ¿Es un juguete para que Cabello
asuma que todavía se le considera? ¿O es que hay otros intereses, que podrían
saltar sobre el último resquicio de libertades en Venezuela, cuestiones como la
creación de tribunales populares para enjuiciar a los enemigos de la patria en
las comunidades, o para la creación de milicias de presidiarios con los mismos
fines? ¿Qué van a reformar? ¿La eliminación definitiva del debido proceso? ¿El
establecimiento por ley del retardo procesal? ¿La designación de jueces sin
requisitos académicos ni de ningún otro orden? ¿La ampliación de la
jurisdicción militar hacia la civil? ¿La creación de estatutos de impunidad
absoluta para algunos, por ejemplo, el Alto Mando Militar? Cuidado: le han dado
un juguete al sujeto más peligroso y resentido de Venezuela. En sus manos,
cualquier juguete podría convertirse, en cuestión de días, en un arma letal.
Guerra
interna en el chavismo: Nicolás vs. Diosdado
La creación de la comisión para “revolucionar la
Justicia” busca enfrentar al diputado con el presidente del Tribunal Supremo de
Justicia y alejarlo de la toma de decisión en las elecciones internas del
Partido Socialista Unido de Venezuela
La Guerra
Nicolás vs. Diosdado
Sebastiana Barráez
- Infobae - La
disputa del poder entre Cabello y Maduro se profundiza Hay una guerra interna
en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) al aflorar el conflicto
entre los dos bandos de poder más fuertes en el chavismo: el de Nicolás Maduro
Moros y el del diputado Diosdado Cabello Rondón. La ventaja del primero es que
es el mandatario a quien Hugo Chávez designó como su sucesor con la bendición
de los cubanos, mientras la del segundo, es ser hombre del 4 de Febrero, además
de que sabe hacer silencio ante la provocación y, a diferencia de los otros que
competían por el poder, ha logrado mantenerse.
Cuando Maduro decide la creación de una comisión para hacer una revolución judicial en
un lapso de 60 días y al frente de ella designa a Cabello, lo hace con dos marcadas
intenciones; enfrenta al diputado con el presidente del Tribunal Supremo de
Justicia, Maikel José Moreno Pérez, cuyas relaciones no son nada armoniosas
desde hace mucho tiempo. Por otra parte, obliga a Diosdado que se ocupe de
dicha comisión en pleno apogeo de las elecciones internas del PSUV, donde se
está designando candidatos para las venideras elecciones, acción medular para
quien como él quiere mantener el control del partido de Gobierno.
Desde
el primer momento que Maduro asume la presidencia, se sabe débil en el poder,
no era un hombre con ascenso ni político ni militar, necesita maniobrar con
habilidad porque de ello depende la supervivencia de Cuba que se nutre de los
recursos que recibe de Venezuela principalmente. Cabello nunca fue
procubano, más allá del discurso, pero en el chavismo siempre se supo de la
resistencia que tenía ante el dogmatismo de Fidel Castro y los gobernantes de
la isla.
Ese día, en diciembre 2012, Chávez ante el país designó a
Maduro como su sucesor. La otra diferencia marcada entre ellos está en la
prudencia y en la incondicionalidad con sus subalternos. Diosdado cuenta
con hombres incondicionales, algunos civiles pero principalmente entre
militares, quienes son parte de sus hombres y la lista no es corta. Las
relaciones de Maduro son más volátiles y entre sus subalternos más fieles
están los hermanos Rodríguez Gómez, Delcy y Jorge.
En el caso del Táchira, el estado fronterizo más álgido
por la presencia y avance del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la pugna
es encarnizada, por una parte, está la vicepresidente de la Asamblea Nacional,
María Iris Varela Rangel, empujando la candidatura de Leonardo Alí Salcedo
Ramírez, quien en varias oportunidades ha salido derrotado en su intento de
llegar a la Gobernación del Táchira.
Por otra parte, apoyado por Diosdado Cabello, se postula,
el exministro Freddy Alirio Bernal Rosales, quien ocupa un cargo para el que
Nicolás Maduro lo designó a dedo como el de “protector del Táchira”, que en
realidad no es más que la usurpación de funciones a la actual gobernadora Laidy
Gómez.
La pretensión de postular a Bernal como candidato ha sido
denunciado por dirigentes de las organizaciones de base del PSUV, quienes han
reaccionado ante la maniobra de imponer al “protector” como candidato en las
elecciones internas del chavismo.
En ese escenario, para frenar a Bernal, aparece en apoyo
a Salcedo el exgobernador Ronald Blanco La Cruz, quien llegó hasta el grado de
capitán del Ejército y es uno de los hombres claves de la intentona golpista
del 4F, que en 1992 lideró Hugo Chávez, Arias Cárdenas, Urdaneta Hernández y
Joel Acosta Chirinos.
¿Elecciones con 399 presos políticos?
El Nacional - Preocupa a la familia, a los colegas y a muchos amigos la
situación del periodista Roland Carreño, que cumplió ocho meses secuestrado por
el régimen, acusado sin pruebas de los cargos de conspiración, tráfico ilícito
de armas de guerra y municiones y financiamiento al terrorismo. Todo porque,
además de ejercer su profesión con dignidad y apego a la ética, milita en un
partido político opositor y siempre le dijo la verdad en la cara a los autores
de la debacle de Venezuela.
Eso no se puede tolerar en un régimen como el que
actualmente se aferra al poder. La amistad de Carreño con Leopoldo López lo ha
hecho víctima de este secuestro. Su hermana manifiesta preocupación por su
estado de salud porque en ocho meses no lo ha visto ningún médico y presenta
algunos síntomas que requieren atención.
Pero el sacrificio que está haciendo Roland con su vida y
con su libertad lo reconocen los colegas y los ciudadanos en general que se
oponen al maduchavismo y que quieren salir de esta tragedia. Y como él, muchos
presos políticos están tras las rejas solo porque expresaron su descontento, o
porque exigieron sus derechos aniquilados o porque no aguantan el hambre y las
vejaciones. Ninguno merece ese secuestro y por ellos deben luchar los
venezolanos, pues mientras esta situación continúe, será imposible recuperar la
libertad.
Por eso hay que detenerse en este punto, sobre todo
porque la oposición venezolana está preparando el camino para unas
negociaciones (no es lo mismo que un diálogo estéril) con el régimen. Y es
obvio que el objetivo final para la Venezuela que quiere libertad son unas
elecciones generales libres y verdaderamente democráticas. Muchos de los 299
presos de conciencia son representantes de organizaciones políticas perseguidas
por el régimen; algunos otros siguen inhabilitados para cargos públicos,
acusados de delitos fantasmas. No puede haber confianza si la cúpula rojita
sigue usando su sistema de injusticia para amedrentar y torturar a quienes se
le oponen.
El Foro Penal ha hecho un trabajo invalorable y es por
esta organización no gubernamental que se sabe que de los secuestrados
políticos 171 son civiles y 128 militares, y que entre ellos hay un
adolescente. Esta es la mayor injusticia, pero también la mayor evidencia de
que el régimen ejerce su totalitarismo sin ningún tapujo. No se puede llamar
democrático y debe recibir la presión necesaria para que deje de perseguir y
violar derechos humanos.
Así como Roland Carreño, parte de la familia de El
Nacional, muchos familiares y amigos desean el regreso de cada uno de los
presos políticos. Es bueno recordarles a los que quieren negociar que esta es
una de las condiciones más urgentes para la tranquilidad de los venezolanos.
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